¿POR QUÉ DEBEMOS APRENDER DERECHO PROCESAL EN LA UNIVERSIDAD?

Rolando García Castillo

Estudiante de la Universidad Científica del Sur, cuenta con estudios de especialización en Derecho Procesal.

INTRODUCCIÓN
La universidad es una de las etapas más importantes para todo estudiante, ya que es ahí donde nos formamos académicamente estudiando alguna carrera de nuestro interés. Dentro de la duración de la carrera vamos aprendiendo diversas materias, de las cuales algunas nos gusta más que otras. En el caso de la carrera de Derecho, el curso más trascendental sería Derecho Procesal, sin duda este es uno de los cursos pilares que todo futuro abogado debe conocer, ya sea en el ámbito civil, laboral, administrativo, constitucional, ambiental, etc. Es con este curso que se empieza a estudiar con más detenimiento la teoría general del derecho y teoría general del proceso, a fin de entender por qué y para qué existe el Derecho. En esta oportunidad, les comentaré la importancia del Derecho Procesal, enfocándolo hacia el Derecho Ambiental.     

1.- Breve antecedente del Derecho Procesal

Partimos de la idea de que en una sociedad se proveen bienes para satisfacer necesidades, pero muchas veces dichos bienes son escasos y las necesidades de los seres humanos son ilimitadas, cuando dos personas identifican un mismo bien apto para satisfacer una necesidad en un espacio, tiempo y contexto surge un conflicto de intereses, porque cada uno por su lado considera que le pertenece dicho bien apto para satisfacer sus necesidades; por lo que la solución a la que recurrirían para saldar esta necesidad se basaría en la utilización de la fuerza. Ante tal situación problemática, una sociedad organizada se reúne para crear un conjunto de normas jurídicas y poder resolver dichos conflictos intersubjetivos de intereses, reconociendo una situación jurídica de ventaja a la cual otorga tutela; mientras que, por otro lado, no brinda protección a aquel que tiene la situación jurídica de desventaja, teniendo este individuo que comportarse de tal modo que no afecte el interés prevalente de quien es titular de la situación jurídica de ventaja. Entiéndase que con la creación de la norma jurídica se pensaba que ya se resolvió el conflicto y se restablecía la paz social en la justicia, pero muchas veces no es así, porque el que tiene la situación jurídica de ventaja no puede hacer efectivo su derecho ya reconocido, debido a la falta de cooperación de parte de quien tiene la situación jurídica de desventaja. 

A partir de ello, como consecuencia de la inefectividad de la norma jurídica, la sociedad se ve en la obligación de crear la norma procesal para tutelar de forma efectiva el derecho ya reconocido. Esta norma procesal regula derechos y procedimientos para que un tercero imparcial e independiente llamado juez, ejerciendo jurisdicción, pueda resolver la controversia y dar por concluido la litis y restablecer la paz social en justicia.

En este sentido, no es mera coincidencia que nuestra Constitución Política del Perú reconozca como principios fundamentales de la función jurisdiccional el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.  Por el primero (debido proceso), debemos entenderlo como un derecho fundamental que garantiza el respeto de los derechos de las personas, es decir, tiene que ver con las formalidades estatutarias como el derecho a un juez natural, a un proceso previamente establecido, motivación, etc. Y como garantía procesal, se entiende que el proceso debe cumplir determinados estándares de razonabilidad y proporcionalidad. Por otro lado, el segundo (la tutela jurisdiccional efectiva) es entendido como un derecho fundamental de toda persona a que se le garantice sus derechos desde el momento de acceder al Poder Judicial, a pedir tutela jurídica hasta que tenga una decisión motivada y ejecutada, en el caso que sea amparada su pretensión. No hay que olvidar que el simple hecho de recurrir al Poder Judicial no significa que se otorgará tutela, debido a que una cosa es alegar un derecho y otra cosa es probar dicha alegación.

Muchos de los ciudadanos se preguntarán si es que la norma jurídica ya les reconoció el derecho, entonces: ¿por qué no es efectivo? Es en este punto donde viene a tallar el derecho procesal, creando los mecanismos necesarios para tutelar el derecho.

2.- ¿Cuál es la finalidad – objeto del derecho procesal?

Después de realizar un breve recuento del motivo por el cual nació el Derecho Procesal, es necesario entender cuál es su propósito. Como bien lo señalaba el maestro Piero Calamandrei, el proceso es el instrumento para hacer efectivo el derecho reconocido en la norma jurídica. Pero vale recordar que dentro del desarrollo de la historia y formación del derecho procesal se llegó al punto de concebirse al proceso como autónomo y estaba perdiendo su finalidad por el cual fue creado, que era tutelar los derechos reconocidos en la norma jurídica. Esto es muy fundamental de recalcar, porque lo que más importa es hacer efectivo los derechos reconocidos en la norma sustantiva (llámese derecho civil, laboral, constitucional, etc.). Y a nuestro entender, en la actualidad, lo que debe preocuparnos es cómo hacer efectivo los derechos que se nos ha reconocido a todos los seres humanos.

Es así que el Derecho Procesal puede dialogar con diferentes ramas del derecho, porque las instituciones procesales no cambian, en cambio las normas sí; en ese sentido, la norma jurídica se tiene que adaptar a las situaciones jurídicas materiales vigentes, y si bien pueden surgir problemas, al tener un conocimiento claro de las instituciones, podemos plantear diversas alternativas de solución, inclusive en el Derecho Ambiental, que vale decir es una especialidad nueva, donde se demanda de mucha investigación para hacer efectivas las normas jurídicas vigentes, ya que de nada valdría tener un principio, como el de prevención o el precautorio, si no tenemos las herramientas procesales para su cumplimiento.      

3.- ¿Cuál es la importancia del Derecho Procesal con relación al Derecho Ambiental?

La importancia del Derecho Procesal radica en la búsqueda de mecanismos eficaces para tutelar los derechos ya reconocidos por el legislador en áreas de salvaguardar el derecho a la dignidad de la persona, que es la base de la sociedad, debido a que de nada sirve tener derechos reconocidos en un ordenamiento si no son efectivos. A pesar de que la Constitución promete a los ciudadanos el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, cuando uno de ellos quiere ejercer su derecho por percibir una vulneración o amenaza, muchas veces no obtienen una respuesta en un plazo rápido, oportuno y eficaz, teniendo que esperar años para que el órgano jurisdiccional brinde una respuesta cuando quizá esa tutela para el derecho amenazado o vulnerado ya no tenga un reparo efectivo y no olvidemos que justicia que tarda no es justicia.

Conocer las instituciones del Derecho Procesal nos ayudará a entender diferentes procedimientos, ya sea en la materias civil, laboral, ambiental, constitucional, etc. Es por ello que, como estudiantes universitarios, debemos rescatar su importancia para poder tener las herramientas necesarias, a fin de resolver una controversia en el ejercicio profesional, debido a que las instituciones procesales se aplican en la mayoría de los procesos y/o procedimientos regulados, como es la demanda, medios probatorios, recursos impugnatorios, medidas cautelares, etc. A continuación, desarrollaré un breve comentario acerca de la trascendencia del Derecho Procesal en el Derecho Ambiental.

En el derecho procesal existen diversas vías de tutela de los derechos ambientales. Dichos derechos ambientales los encontramos, en primer lugar, en la Constitución Política, como es el derecho fundamental a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre, al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, en segundo lugar, este derecho es desarrollado por diversas leyes específicas. En lo que respecta al primer derecho ya mencionado, la vía de tutela urgente para tutelar el derecho al medio ambiente es el proceso de amparo regulado en el Código Procesal Constitucional, donde se ponen en práctica todas las instituciones del derecho procesal antes mencionados. Por otro lado, con respecto a lo segundo, la vía de tutela es el procedimiento administrativo sancionador, en donde la autoridad competente inicia tal procedimiento por alguna infracción cometida en la legislación especial, cabe resaltar que aquí también se utilizan las instituciones y principios procesales. Por último, existen otras vías de tutela, como es en materia penal (por los delitos). Muchas veces por falta de interés en analizar las instituciones procesales varios de los derechos reconocidos no son efectivos y es allí donde debe empezar la investigación.

Al respecto, la doctrina está muy preocupada en analizar dicha problemática, tal es así que según Chacón (2016), “la inexistencia o poco desarrollo doctrinario, normativo y jurisprudencial de un derecho procesal ambiental integral que contemple procedimientos administrativos y jurisdiccionales específicos para la problemática ambiental, ha traído como consecuencia que este tipo de conflictos sean de conocimiento de jurisdicciones”. (pp. 34-48)

Lo antes mencionado nos hace pensar que el mayor problema contemporáneo del Derecho Ambiental es la falta de efectividad normativa, debido a que se sabe que existen leyes, pero no se sabe cómo lograr que esas leyes se cumplan en la realidad, empezando por las barreras de acceso a la justicia ambiental, lo que imposibilita la obtención de tutela jurídica ambiental.

Conclusión
El derecho procesal recaba mucha importancia en un ordenamiento jurídico, ya que es el instrumento para tutelar los derechos reconocidos en la norma jurídica ante su vulneración; y si lo relacionamos con el derecho ambiental, podemos decir que hace falta el análisis de las instituciones procesales aplicables a esta última rama, por lo que los futuros y actuales abogados deben realizar dicha labor a fin de proponer ideas sobre cómo lograr esa protección de los derechos que tanto la sociedad aclama cada vez que ve un caso, ya sea de derrame de petróleo, contaminación por minería u otro similar.
Bibliografía
Chacón, M. P. (2016). El camino hacia la efectividad del derecho ambiental. Revista de ciencia y derecho Innovare, 34-48.